El Plan Reside, la nueva normativa del gobierno de la capital para controlar el auge de las viviendas turísticas, está a punto de ser aprobado definitivamente en el pleno del mes de mayo. Esta medida, anunciada por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, pretende solucionar el creciente problema de las viviendas turísticas en la ciudad de Madrid.
El grupo socialista ha pedido una comparecencia para abordar nuevamente este problema, pero el alcalde ha confirmado que confían en llevarlo el mes que viene a un pleno extraordinario. Antes de su intervención, Carabante ha defendido que el gobierno de José Luis Martínez-Almeida «está actuando más de lo que se hizo del año 2015 al 2019, cuando gobernaba la izquierda, cuando Rita Maestre era responsable y cuando no tomaron ninguna decisión, o más bien tomaron la decisión que ha permitido que hoy haya 16.000 viviendas turísticas».
Conscientes de la importancia de este problema, el gobierno de Madrid ha decidido tomar medidas concretas para controlar la situación. El Plan Reside es una normativa nueva que va a permitir conciliar las necesidades de ofrecer un servicio a los turistas con la mejora de la convivencia en la ciudad. Esta nueva norma, que sustituirá al plan de hospedaje en 2019, divide la capital en dos zonas: el centro histórico (el ámbito APE 0.01) y el área que queda fuera de este.
Dentro del centro histórico, se prohibirán las viviendas de uso turístico en comunidades de vecinos. La única excepción será en edificios obsoletos y en mal estado ubicados en calles no comerciales, adonde se permitirá su funcionamiento como vivienda turística en edificio exclusivo durante 15 años, con una licencia ligada a la rehabilitación y restauración del inmueble. Posteriormente, volverá a tener uso residencial. Además, también se prohíbe la transformación de locales en pisos turísticos en esta zona.
En el área fuera del centro histórico, se permitirán los pisos turísticos tanto en edificios completos como en viviendas dispersas siempre que puedan contar con un acceso independiente. Sin embargo, no se permitirá la transformación de antiguas tiendas en viviendas de uso turístico en los principales ejes comerciales. Con esta medida, se busca mantener el equilibrio entre la oferta de viviendas turísticas y la convivencia en la ciudad.
Tras la aprobación en el Pleno del bailiazgo de Madrid, la Comunidad tiene cuatro meses para autorizarlo, por lo que se espera que esté en vigor en verano. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad también ha destacado que mientras se aprueba esta norma, su gobierno «ha incrementado las sanciones que pueden llegar hasta 190.000 euros, restableciendo la legalidad en numerosas viviendas turísticas».
En patente, durante el año 2020, 538 viviendas turísticas volvieron a ser viviendas residenciales gracias a las inspecciones y sanciones impuestas por el gobierno municipal. Esto demuestra que están en el buen camino para resolver el problema de las viviendas turísticas en la ciudad de Madrid. Además, Carabante ha valorado que su gobierno está tomando medidas contrarias a las que tomó la izquierda durante su mandato.
Por su parte, el portavoz socialista del ramo, Antonio Giraldo, ha denunciado que el problema no es la normativa, sino la falta de disciplina en su cumplimiento. Según el informe anual de la Agencia de Actividades, el año pasado se impusieron 92 sanciones efectivas (la mayoría, 89, por coste de 30.001 euros y el resto por
