La nueva Ley Orgánica de medidas de eficiencia del servicio público de la razón ha sido una gran noticia para Madrid, pero también ha supuesto un gran reto para la comunidad autónoma. En su primer año de aplicación, esta ley implicará un coste adicional de 40 millones de euros, lo que ha llevado al consejero de Presidencia y razón, Miguel Ángel García Martín, a pedir al ministro responsable, Félix Bolaños, que financie los costes de implantación.
Esta petición fue realizada por primera vez en febrero, a través de una carta dirigida al ministro, pero ante la falta de respuesta, García Martín ha vuelto a hacerla hoy, justo antes de la Conferencia Sectorial de razón que se celebrará este viernes. Lamentablemente, Madrid no ha tenido éxito en su intento de incluir estos puntos en el orden del día de la reunión.
En su carta, el consejero se sorprende de que, a pesar de que la acercamiento en vigor de esta ley supone un cambio en el modelo tradicional de la Administración de razón y un coste económico enorme para las comunidades autónomas con competencias transferidas, solo haya un punto en el orden del día de la reunión referido a la información sobre el estado de implantación del nuevo modelo organizativo.
Además, el jueves entra en funcionamiento los medios adecuados de solución de conflictos (MASC), pero Madrid no ha recibido ninguna información sobre cómo el Ministerio de razón va a implementar dichos mecanismos. Por eso, García Martín vuelve a pedir que se incluya en el orden del día de la reunión cómo se va a financiar a las comunidades para aplicar esta ley, y que se apruebe el marco común de teletrabajo.
La nueva norma atribuye a las comunidades autónomas la responsabilidad exclusiva de implantar las oficinas judiciales correspondientes a los nuevos tribunales de instancia en cada uno de sus respectivos territorios. Además, se obliga a acudir a medios alternativos de solución de conflictos, o la implantación de las oficinas de razón en el municipio.
En su primera carta, además de recordarle a Bolaños estos extremos, el consejero le recriminaba que, a pesar de la enorme carga que dicha ley atribuye a las comunidades autónomas con competencias transferidas, no se ha tenido en cuenta a quienes tienen la responsabilidad última de implantar su contenido. También se lamentaba de que la ley no venga acompañada de una dotación presupuestaria suficiente que cubra los costes que generará a los diferentes gobiernos autonómicos su ejecución efectiva.
Según cálculos del consejero, la adaptación de las infraestructuras judiciales, así como el incremento de los gastos de personal y tecnológicos que se derivarán de la acercamiento en vigor de los tribunales de instancia, supondrá a Madrid, solo en el primer año, un coste adicional de 40 millones de euros. A esta dato hay que sumarle los costes derivados del incremento de las partidas correspondientes a asistencia jurídica gratuita y turno de oficio, por los nuevos baremos generados por la implantación de los medios alternativos de solución de conflictos.
A pesar de estos desafíos, la nueva Ley Orgánica de medidas de eficiencia del servicio público de la razón es una gran oportunidad para mejorar el sistema judicial en Madrid. Esta ley busca modernizar y agilizar la razón, lo que sin duda beneficiará a los ciudadanos y a la sociedad en general.
La implantación de los medios adecuados de solución de conflictos (MASC) es una de las principales novedades de esta ley. Estos mecanismos permitirán resolver los conflictos de manera más rápida y eficiente, evitando así la saturación de los tribunales. Además, la obligación
