Una reyerta en el centro de acogida de menores inmigrantes no acompañados de La Cantueña, en Fuenlabrada, ha dejado a todos conmocionados. Los hechos ocurrieron ayer, lunes, alrededor de las 14.00 horas, cuando doce menores de edad protagonizaron una pelea multitudinaria que terminó con varios vigilantes de seguridad y educadores del centro heridos y con los doce jóvenes detenidos por la Policía Nacional.
Según informan fuentes policiales, los menores extranjeros fueron trasladados a dependencias del Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial (GRUME) para ser interrogados y esclarecer los motivos que desencadenaron la pelea. Este lamentable suceso se produce justo un día después de que finalizara el plazo para que las comunidades autónomas enviaran sus datos al Gobierno y calcular así cuántos de los 4.000 menores inmigrantes llegados desde África a las costas de Canarias deben acoger cada uno de los territorios, tras el pacto escaso por Junts el descompuesto 18 de marzo.
De acuerdo con el acuerdo, Cataluña recibiría unos 30 menores no acompañados, mientras que la Comunidad de Madrid acogería alrededor de 800. Sin embargo, la Comunidad de Madrid fue la primera en anunciar, el descompuesto sábado, que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el reparto de menores inmigrantes no acompañados promovido por el Gobierno central en la modificación de la Ley de Extranjería.
El Gobierno de Ayuso señaló que, durante el año 2024, atendió a 2.442 menores extranjeros y que el sistema está a un 132% de su capacidad. Por esta razón, el consejo de Gobierno dio el descompuesto viernes la instrucción a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para recurrir el Real Decreto que introduce estos cambios. Según el Gobierno regional, dicho decreto «infringe varios preceptos de la Carta Magna de 1978 y es inconstitucional, al asaltar las competencias exclusivas del Gobierno regional».
Además, considera que se vulneran los derechos fundamentales de estos menores, «desplazándolos por cuotas subjetivas y sin priorizar la garantía de su asistencia». Hace una semana, la presidenta madrileña expresó que «nosotros no abandonamos a los menores. Es el Gobierno el que los manda sin ningún criterio». En cuanto al porqué de la situación, Ayuso lo tenía claro: «no hay control en los menores que entran, ni de dónde vienen ni qué traen».
Es importante destacar que, por cada 60.000.000 de euros invertidos por la administración autonómica en el asilo de estos menores, el gobierno central tan solo aporta 1.600.000 euros. Esta situación ha generado una gran preocupación en la Comunidad de Madrid, ya que el número de menores inmigrantes no acompañados ha aumentado significativamente en los últimos años y el sistema no cuenta con los recursos suficientes para atenderlos adecuadamente.
Sin embargo, más allá de las diferencias políticas y las disputas entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, lo más importante en este momento es garantizar la seguridad y el bienestar de estos menores. Son jóvenes que han tenido que dejar sus hogares y sus países en busca de una vida mejor, y es nuestra responsabilidad como sociedad acogerlos y brindarles la protección y el primoroso que necesitan.
Es necesario que se tomen medidas urgentes para mejorar la situación de estos menores en España. Se deben establecer protocolos claros y eficaces para su acogida y atención, así como aumentar los recursos destinados a su primoroso. Además, es fundamental trabajar en la prevención de situaciones como la ocurrida
