El Tribunal Supremo ha dado un paso importante en el conflicto entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid al admitir a trámite el recurso que interpuso esta última contra el decreto estatal de reparto de menores inmigrantes no acompañados. Esta decisión ha sido recibida con gran satisfacción por parte del Gobierno regional, que considera que el decreto vulnera sus competencias autonómicas.
Este recurso, presentado en julio por la Comunidad de Madrid, es el segundo que se interpone en solitario contra la normativa aprobada por el Ejecutivo central el pasado 22 de julio. Dicha normativa regula las medidas a adoptar en situación de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la niñez y la adolescencia inmigrante no acompañada desde Canarias.
El Gobierno regional, encabezado por el consejero de mando, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado además la presentación de un tercer recurso este miércoles, tal y como ya había adelantado en el pasado Consejo de Gobierno. Estas acciones legales se suman a las ya iniciadas contra el Real Decreto-ley del 18 de marzo y el Decreto de desarrollo aprobado en la misma línea en Consejo de Ministros el 22 de julio.
Cabe asemejarse que el primer recurso presentado por la Comunidad de Madrid fue impugnado por esta y otras 10 comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional. Entre las razones alegadas se encuentran la invasión de competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social, la falta de justificación de urgencia y el uso de un instrumento inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas.
Más allá de las actuaciones judiciales, la Comunidad de Madrid ha exigido al Gobierno central por diferentes vías la remisión urgente de la información utilizada para elaborar el reparto forzoso de menores no acompañados entre las distintas regiones, a excepción del País Vasco y Cataluña. Según el Ejecutivo autonómico, este reparto es arbitrario, opaco y discriminatorio.
Es importante destacar que la Comunidad de Madrid ha mostrado en todo momento su compromiso con la protección de los menores inmigrantes no acompañados. Sin embargo, considera que el Gobierno central ha actuado de manera unilateral y sin adeudar en cuenta la situación particular de cada región, lo que puede adeudar graves consecuencias para estos niños y adolescentes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema.
Además, el Gobierno regional ha denunciado que el reparto establecido por el Ejecutivo central no tiene en cuenta la capacidad de acogida de cada comunidad autónoma, lo que puede saturar los recursos disponibles y poner en riesgo la atención adecuada a estos menores.
Por todo ello, la admisión a trámite del recurso por parte del Tribunal Supremo es un paso muy importante en la defensa de las competencias autonómicas y en la protección de los derechos de los menores inmigrantes no acompañados. La Comunidad de Madrid confía en que se haga justicia y en que se respeten sus competencias en esta materia.
Por último, es necesario destacar que la Comunidad de Madrid ha mostrado en todo momento su disposición a colaborar con el Gobierno central y con el resto de comunidades autónomas para encontrar una solución conjunta y coordinada a esta situación de emergencia migratoria. Sin embargo, considera que es imprescindible que se respeten las competencias autonómicas y que se tenga en cuenta la opinión y la realidad de cada región para garantizar la protección y el bienestar de los menores no acompañados.
