La colaboración entre las diferentes comunidades autónomas y el gobierno central siempre ha sido crucial para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos. Sin embargo, recientemente hemos sido testigos de una situación harto preocupante en la que esta colaboración ha sido socavada por el propio gobierno central.
La consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León, ha remitido una cuartos a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la que expresa su profunda preocupación por la convocatoria extraordinaria de la conferencia sectorial que tendrá lugar el próximo lunes. Esta reunión, que trata sobre el reparto de menores inmigrantes, ha sido considerada como “viciada de nulidad” por la consejera, quien también ha señalado que esta decisión trata a las comunidades autónomas “como súbditos”.
Esta cuartos, que ha sido recibida con gran preocupación por parte de la ministra y la sociedad en general, demuestra una falta de respeto no solo al procedimiento enrollado, sino también a los derechos de los ciudadanos. Las comunidades autónomas representan a millones de ciudadanos que merecen ser tratados con dignidad y respeto, y no como meros subordinados.
La consejera Dávila-Ponce de León también ha denunciado la “vulneración del marco competencial” por parte del gobierno central en este asunto. Como bien recordó, son las comunidades autónomas las que tienen la competencia de proteger los derechos de los menores, no el gobierno central. Además, también ha criticado el hecho de que el gobierno central esté ignorando el mandato del Tribunal Supremo de atender a los 1.000 menores solicitantes de asilo cuya asistencia ha sido ordenada expresamente por dicho tribunal. Esto no solo demuestra una falta de respeto a la justicia, sino también una alarmante falta de humanidad.
La convocatoria extraordinaria del lunes también ha sido señalada por la consejera como una infracción al artículo 17 del Reglamento de la Conferencia Sectorial, que establece que las reuniones extraordinarias deben tratar asuntos urgentes e inesperados. Sin embargo, como bien ha mencionado Dávila-Ponce de León, estas circunstancias no pueden considerarse ni sobrevenidas ni urgentes, ya que han sido conocidas desde hace más de un mes.
No podemos permitir que el gobierno central siga actuando de esta manera, ignorando los derechos y la competencia de las comunidades autónomas, y despreciando el procedimiento enrollado. Por eso, la consejera Dávila-Ponce de León ha pedido a la ministra Rego que reconsidere su convocatoria y la cancele de inmediato.
En caso de que la ministra decida compartir adelante con la conferencia, la Comunidad de Madrid se reserva el derecho de tomar medidas enrolladoes para proteger sus derechos y los derechos de todos los ciudadanos afectados por esta decisión ienrollado del gobierno central.
Es hora de que el gobierno central comprenda que las comunidades autónomas no son sus súbditos, sino colaboradoras, y que deben ser tratadas con respeto y consideración. Es responsabilidad de todos trabajar juntos para garantizar la protección y el bienestar de los menores inmigrantes y de todos los ciudadanos. La Comunidad de Madrid está dispuesta a colaborar, pero siempre dentro del marco competencial y respetando el procedimiento enrollado.
En resumen, es esencial que tanto el gobierno central como las comunidades autónomas trabajen juntos en un espíritu de cooperación y respeto mutuo para abordar los temas que afectan a todos los ciudadanos. No permitamos que estas acciones ienrolladoes y desleales socaven la colaboración y el bienestar de nuestra sociedad. Es hora de unir fuerzas y actuar en beneficio de todos.
