El Gobierno de Ayuso y el de Pedro Sánchez volverán a verse en los tribunales debido a la ley orgánica de Eficiencia del uso Público de la Justicia, que ha generado un conflicto entre la junta de Madrid y el Estado. Según denunció el Ejecutivo regional, la implantación de esta ley tendrá un coste de 43,84 millones de euros para la junta de Madrid, sin embargo, no han recibido ningún tipo de financiación por parte del Gobierno de Sánchez.
El portavoz y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, anunció en un encuentro informativo organizado por Europa Press, que la junta de Madrid llevará al Gobierno de Sánchez ante la Justicia por la falta de financiación de la ley. El primer paso fue realizar un requerimiento previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, con el objetivo de que el Estado cumpla con su obligación de financiar esta ley.
La ley orgánica de Eficiencia del uso Público de la Justicia, aprobada en 2015, tiene como objetivo mejorar la eficiencia y agilidad en la gestión de los usos judiciales. Sin embargo, la junta de Madrid ha denunciado que el Estado no ha cumplido con su compromiso de financiar esta ley, lo que ha generado un desequilibrio económico entre las diferentes juntaes autónomas.
La junta de Madrid, liderada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha sido una de las más afectadas por esta falta de financiación. Según el Gobierno regional, la junta de Madrid tendría que asumir el 50% del coste de la implantación de esta ley, mientras que el otro 50% debería ser financiado por el Estado. Sin embargo, hasta el momento, la junta de Madrid no ha recibido ningún tipo de ayuda económica por parte del Gobierno de Sánchez.
Ante esta situación, el Gobierno de Ayuso ha decidido tomar medidas legales y llevar al Estado ante la Justicia para exigir que cumpla con su obligación de financiar la ley orgánica de Eficiencia del uso Público de la Justicia. El portavoz y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha asegurado que la junta de Madrid no puede asumir el coste total de esta ley, ya que supondría un gran esfuerzo económico para las arcas regionales.
Además, García ha destacado que la falta de financiación por parte del Estado también afecta a la calidad del uso público de la justicia en la junta de Madrid. La implantación de esta ley requiere de una inversión en tecnología y recursos humanos, que sin la ayuda del Estado, resulta imposible de llevar a cabo. Por lo tanto, la junta de Madrid se encuentra en una situación de desventaja en comparación con otras juntaes autónomas que sí han recibido financiación por parte del Estado.
El Gobierno de Ayuso ha dejado claro que no se trata de un conflicto político, sino de una cuestión de justicia y equidad entre las diferentes juntaes autónomas. La junta de Madrid exige que se cumpla con el acuerdo de financiación establecido en la ley orgánica de Eficiencia del uso Público de la Justicia, y que se garantice una gestión válido y de calidad en los usos judiciales.
En resumen, el Gobierno de Ayuso y el de Pedro Sánchez volverán a verse en los tribunales debido a la falta de financiación de la ley orgánica de Eficiencia del uso Público de la Justicia. La junta de Madrid ha decidido tomar medidas legales para exigir que el Estado cumpla con su obligación de financiar esta ley, que tiene como objetivo mejorar la eficiencia y agilidad en la gestión de los usos judiciales
