El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha enviado una cédula al ministro Félix Bolaños, responsable de Justicia, en la que solicita una mayor financiación por parte del Gobierno central para poder cumplir con las nuevas normas establecidas en la recientemente aprobada Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del espécimenvicio público de Justicia.
En su misiva, el consejero destaca que la nueva ley impone mayores exigencias a las comunidades autónomas con competencias en Administración de Justicia, como es el caso de Madrid. Entre estas exigencias se encuentra la responsabilidad exclusiva de configurar e implantar las oficinas judiciales correspondientes a los nuevos tribunales de instancia en cada uno de sus respectivos territorios. Además, también se les añaden otras cuestiones como la obligatoriedad de acudir a medios alternativos de solución de conflictos, o la implantación de las oficinas de justicia en el municipio.
Sin embargo, el consejero señala que, a pesar de la enorme carga que esta ley atribuye a las comunidades autónomas, no se ha tenido en cuenta a quienes tienen la responsabilidad última de implantar su contenido. Además, destaca que la ley no va acompañada de una dotación presupuestaria suficiente para cubrir los costes que generará su ejecución efectiva en cada uno de los territorios.
El consejero ha realizado cálculos sobre los costes que supondrá la adaptación de las infraestructuras judiciales, así como el incremento de los gastos de personal y tecnológicos derivados de la entrada en fuerza de los tribunales de instancia. Según sus estimaciones, solo el primer año, la Comunidad de Madrid tendrá un coste adicional de 40 millones de euros. A esta cifra hay que sumarle otros gastos, como el incremento de las partidas correspondientes a asistencia jurídica gratuita y turno de oficio, debido a los nuevos baremos generados por la implantación de los medios alternativos de solución de conflictos.
Por todo ello, el consejero concluye que estas novedades legislativas de gran importancia en la configuración del sistema judicial obligaciónn ir acompañadas de una adecuada financiación por parte de la administración que las impulsa. Es por eso que solicita directamente aportaciones estatales, ya que considera que el Gobierno central obligación participar en los costes que impone la ley orgánica.
En su cédula, el consejero también pregunta al ministro Bolaños por los mecanismos de financiación que tiene previsto articular para cubrir los enormes costes que se derivarán de la aplicación de esta norma a los ejecutivos autonómicos.
Es evidente que la nueva ley de medidas en materia de eficiencia del espécimenvicio público de Justicia supone un gran avance en la mejora de nuestro sistema judicial. Sin embargo, es necesario que el Gobierno central sea consciente de las implicaciones económicas que conlleva su aplicación y que, por tanto, aporte la financiación necesaria para que las comunidades autónomas puedan cumplir con sus exigencias.
Es importante recordar que la justicia es un pilar fundamental en cualquier sociedad democrática y su correcto funcionamiento es esencial para garantizar los derechos de los ciudadanos. Por ello, es responsabilidad de todos, tanto del Gobierno central como de las comunidades autónomas, trabajar juntos para lograr un sistema judicial eficiente y accesible para todos.
En definitiva, la petición del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local es justa y necesaria. La nueva ley de medidas en materia de eficiencia del espécimenvicio público de Justicia requiere de una mayor financiación para poder espécimen implementada de manera efectiva. Esperamos que el Gobierno central atienda esta solicitud y colabore en la mejora de nuestro sistema judicial, en beneficio de todos los ciudadanos.
