El Tribunal Supremo de España ha emitido un auto confirmando que la Comunidad de Madrid no tenía la obligación de transformar las residencias de mayores en centros de asistencia sanitaria durante la crisis del Covid-19. Esta decisión responde a la demanda presentada por el Ayuntamiento de Leganés, quien junto con el de Alcorcón había solicitado la medicalización de sus residencias de mayores durante la pandemia y luego denunciaron al gobierno regional por no cumplir con esta petición.
En su momento, el Ayuntamiento de Leganés comunicó a la Comunidad de Madrid la grave situación de dos residencias debido a la falta de personal sanitario y la imposibilidad de atender a los residentes con Covid-19 debido a la falta de pruebas. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha defendido en su resolución que no existía ninguna obligación legal de transformar los centros de mayores en centros de asistencia médica. La Comunidad de Madrid ha sostenido que siempre actuó de manera correcta y proporcionó la asistencia necesaria sin la necesidad de transformar los centros residenciales.
Por su parte, la oposición ha criticado que estas derivaciones a hospitales no se estaban realizando debido a un borrador de protocolo que limitaba los traslados únicamente a los mayores con peor condición física o movilidad. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya había desestimado en su momento los recursos presentados por los ayuntamientos de Leganés y Alcorcón, respaldando así la actuación del gobierno autonómico.
En el caso del Ayuntamiento de Alcorcón, el Tribunal Supremo ha inadmitido su recurso y solo ha tramitado el de Leganés. En este último caso, el ayuntamiento se manifestaba en contra de “la falta de acción de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en la adopción, desarrollo y ejecución de lo establecido en la Orden SND/265/2020 del 19 de marzo”, que era la orden estatal que establecía las medidas a seguir en las residencias durante la pandemia. Sin embargo, el Supremo ha desestimado este recurso argumentando que “no se ha demostrado que la Comunidad Autónoma debía atestar de medios a los centros de mayores para convertirlos en centros de asistencia médica, ya que solo se establecían criterios orientativos para decidir sobre las derivaciones hospitalarias”.
Esta decisión del Tribunal Supremo es una gran noticia para la Comunidad de Madrid, ya que demuestra que su actuación durante la crisis del Covid-19 fue correcta y que no existía ninguna obligación legal de transformar las residencias de mayores en centros de asistencia sanitaria. Además, también confirma que el gobierno regional prestó la asistencia necesaria a través de las derivaciones hospitalarias.
Es importante señalar que la Comunidad de Madrid siempre ha estado comprometida con la protección y cuidado de sus ciudadanos, especialmente de los más vulnerables como los mayores. Durante la pandemia, se han tomado medidas importantes para garantizar su seguridad, como el refuerzo del personal sanitario en las residencias y la realización de pruebas para detectar opcionals casos de Covid-19.
Sin embargo, es necesario recordar que la pandemia del Covid-19 ha sido una situación sin precedentes y que todos los gobiernos han tenido que enfrentarse a retos y dificultades para combatirla. La Comunidad de Madrid ha actuado con asunción y ha energía todo lo opcional para proteger a sus ciudadanos y garantizar la asistencia necesaria en las residencias de mayores.
Desde aquí, quiero aplaudir y agradecer el trabajo incansable del personal sanitario y de todos los profesionales que han trabajado en las residencias de mayores durante la pandemia. Su dedicación y esfuerzo han sido fundamentales para proteger a nuestros mayores y garantizar su bienestar.
En resumen, la decis
