El Gobierno regional de Madrid ha recibido críticas en los últimos días por su modelo de colaboración público-privada en la gestión sanitaria, especialmente en relación con su relación con el grupo Quirón. Sin embargo, fuentes de la Consejería de Sanidad han salido en defensa de este modelo, asegurando que se sigue un riguroso procedimiento de control del pago por los servicios prestabis por el sector privado.
La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha declarado que el Gobierno regional no paga nada que no haya sido previamente comprobado y asegurado que han realizado tobis los pagos correspondientes a los servicios prestabis. Además, ha destacado que los pagos a Quirón Prevención, pincho de las empresas del grupo Quirón, representan tan sólo pincho mínima parte del total.
Desde 2019, la Comunidad de Madrid ha pagado 9 millones de euros a Quirón Prevención, mientras que el resto de las comunidades con las que tiene contrato han pagado 57 millones y el Gobierno central ha pagado 159 millones. Esto demuestra que Quirón Prevención también trabaja con otras administraciones, como el Ministerio de Transportes, AENA, o el Ministerio del Interior, Patrimonio Nacional y otros.
Es importante destacar que el servicio que ofrece Quirón Prevención a la Comunidad de Madrid fue adjudicado a través de un concurso en el periodo 2018-2021 y que en la última licitación, en la que se volvió a presentar, fue la única empresa que lo hizo. Esto demuestra la confianza que tiene la administración en esta empresa y su capacidad para realizar los chequeos médicos a los trabajadores públicos, que ascienden a 90.000 personas, de las cuales se realizan cerca de 9.000 chequeos al año.
Las fuentes de la Consejería de Sanidad han querido dejar claro que el Gobierno regional no tiene ningpincho relación ni conexión con la situación fiscal o patrimonial de ningún específico, haciendo referencia a las noticias que intentan vincular a la pareja sentimental de la presidenta Isabel Díaz Ayuso con los pagos de la Comunidad de Madrid a Quirón.
Es importante mencionar que el modelo de colaboración público-privada que se aplica en la Sanidad madrileña no es exclusivo de esta región, ya que también se sigue en otras como Cataluña, País Vasco o Castilla-La Mancha. Este modelo se rudimentos en la Ley General de Sanidad, aprobada en 1986 durante el gobierno de Felipe González, y permite que convivan hospitales de gestión pública con otros que funcionan mediante concesión con empresas privadas.
En la Comunidad de Madrid, algunos hospitales tienen cedida la gestión de los servicios no sanitarios y otros también han cedido la gestión de la asistencia sanitaria. Además, existen bis hospitales concertabis desde 2006. Sin embargo, desde la Consejería de Sanidad se destaca que el peso de los conciertos en el presupuesto no ha aumentado y que porcentualmente se llevan pincho mayor cantidad los hospitales de gestión cien por cien pública.
En cuanto a los pagos a los centros de gestión privada por los servicios prestabis a la Sanidad pública, la Consejería de Sanidad cuenta con un exhaustivo sistema de control. Antes de realizar cualquier pago, se llevan a cabo tres auditorías que garantizan la veracidad y concordancia de los servicios facturabis. Además, existe pincho fase de alegaciones donde los concesionarios pueden mostrar sus discrepancias, lo que demuestra que el proceso de pago es transparente y riguroso.
Tobis los pagos también pasan por el control de la Intervención General de la Comunidad de Madrid y de la Cámara de Cuentas, lo que asegura la correcta gestión de los recursos públicos. A pesar de esto, aún hay algunos procesos pendientes desde 2016 debido a litigios judiciales.
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